JOSE C. MARTIN 13/04/2004 www.diariocordoba.com
La Universidad demanda un apoyo decidido a la investigación básica y aplicada, relativa al Patrimonio Arqueológico, así como una mejor formación para nuestros jóvenes, de forma que sus beneficios repercutan en una sociedad más equilibrada, culta y vital. La demanda nace de la existencia de un conjunto de factores variados que contribuyen, complementariamente, al menor éxito de la formación universitaria en este sector, entre los que señalamos:
Carencias en la formación universitaria
1. La falta de acierto en la elaboración de planes de estudio, en el diseño de nuevas carreras o en la reconversión radical de las ya existentes, más flexibles y más experimentales.
2. El escaso presupuesto nacional con que se dotan los proyectos de este ámbito de investigación, así como la dificultad para acceder a líneas de financiación de infraestructuras científicas.
3.En la actual distribución de competencias en la Junta de Andalucía, cualquier intervención sobre el Patrimonio Arqueológico precisa de la autorización de la Consejería de Cultura.
Debilidades concretas de la provincia cordobesa
¿Dónde están las debilidades en la provincia cordobesa? Su historiografía indica que, hasta el año 1983, el panorama del conocimiento arqueológico no se diferenciaba sustancialmente del que presentaban otras provincias españoles. Posteriormente, cuando Andalucía ya es Comunidad Autónoma y la Consejería de Cultura desarrolla su programa de Tutela Patrimonial, que fue señero a escala nacional, entre 1985-1992, los investigadores universitarios se incorporaron a una línea de actuación, los Proyectos Sistemáticos, que con una duración de seis años garantizaba un mínimo de continuidad y de formación de equipos humanos. En ese tiempo, la Universidad de Córdoba fue la que menos proyectos tuvo y, obviamente, la que menos recibió. Y lo inquietante es que esta situación ha empeorado, pese a que nuestra Universidad sea hoy un centro pujante y con reconocido prestigio nacional e internacional.
Excavaciones y proyectos de investigación
La ausencia de estos proyectos no es perceptible para la mayoría de la sociedad, que ve como se realizan excavaciones arqueológicas de urgencia; pero una excavación de urgencia no es un proyecto de investigación, ni puede, ni debe, estar sometida a su estructura y calendario, porque entre otras razones empresariales, funcionales y organizativas, carece de la responsabilidad de formar equipo humano, y algo fundamental, la financiación corre generalmente por parte del promotor.
Los Programas Marco o los Sectoriales nacen para incentivar y apoyar la investigación, pero no se produce el efecto buscado en lo referido a la investigación sobre patrimonio arqueológico en el ámbito universitario que es, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde residen las mayores infraestructuras y recursos humanos destinados a este fin. Por eso los profesionales del ramo estamos sorprendidos, no sólo porque se minimiza una de nuestras obligaciones como funcionarios públicos, sino porque se imposibilita la formación y mantenimiento de equipos humanos de calidad. Y la perplejidad es aún mayor porque la Universidad es la única institución pública en la que el rendimiento de sus trabajadores es, periódica y externamente, evaluado, anualmente por los alumnos, y cada seis años por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Pues bien, muchos de estos profesionales evaluados positivamente en el ámbito nacional, no somos capaces de poner en marcha un proyecto autonómico de investigación sobre el Patrimonio Arqueológico Andaluz, aunque sí los de carácter nacional o internacional. Además de paradójico, esto es algo delicado desde el punto de vista institucional si, como propone la Consejera de Educación, la calidad en la investigación y formación será una variable a tener en cuenta en la nueva financiación de las Universidades.
Las prácticas, absolutamente indispensables
¿Qué ocurrirá con los investigadores universitarios y del CSIC de la Consejería de Educación y Ciencia, que son los que tienen la responsabilidad de la investigación sobre el Patrimonio, y que tienen que depender de la autorización de la de Cultura para poder desarrollar una parte fundamental de su trabajo, que a su vez será evaluada por la de Educación y Ciencia? A estas alturas parece que no cabe duda de que las prácticas son absolutamente indispensables para comprobar, corregir o negar las hipótesis de trabajo de la investigación, para afinar las metodologías y mejorar la formación.
Esta situación tiene una amplia onda de repercusiones. En primer lugar está estrechamente vinculada con facilitar o no el mejor cumplimiento de las obligaciones funcionariales de los profesores universitarios: la investigación y la formación del alumnado, incluyendo prácticas.
La segunda batería de repercusiones afecta a los terrenos de lo económico y de lo social; porque tiene que ver con las capacidades de los ayuntamientos para conocer sus recursos, invertir fondos estructurales europeos e incorporar su Patrimonio como pilar complementario de sostenibilidad; y también por la incapacidad para crear tejido social crítico y empresarial en el ámbito cultural. La realidad es que en ninguna provincia como en esta el desconocimiento, abandono y destrucción patrimonial encuentra una relación tan equilibrada y, entre tantos yacimientos, el caso de Ategua, el puente romano de Villa del Río, o los dólmenes del Guadiato y Pedroches, son especialmente escandalosos.
No nos engañemos, el problema no es de disponibilidad presupuestaria, es la patrimonialización sectorial del Patrimonio Andaluz. Las Consejerías deben ponerse de acuerdo: o investiga una, la otra, las dos, o ninguna, pero a los que nos pagan por hacerlo deberíamos saber a qué atenernos. Los proyectos presentados por muchos de los investigadores universitarios andaluces, también los cordobeses, han sido sistemáticamente denegados desde 1995, y eso no puede deberse a un desencuentro entre gestores de la Cultura e investigadores del Patrimonio, y si lo es, si es fruto de un problema de competencias entre Consejerías, habría que recabar la mediación de la de presidencia para que pusiera orden.
Si no hay un apoyo decidido a una investigación encaminada al conocimiento cualitativo de esos recursos y a su posterior puesta en valor, como medio de incorporar el patrimonio andaluz a los propios andaluces, como señal de identidad local y como excelente dinamizador económico y cultural, estaremos errando.
Desconocimiento del potencial del patrimonio
¡Existe tal desconocimiento sobre el enorme potencial del Patrimonio, el sector está tan atomizado, la descoordinación es tal...! Formamos tan poca masa crítica que ni siquiera somos capaces de movilizarnos y mantener una posición seria y dura, como hacen agricultores, ganaderos o astilleros. Y no es para tirar la toalla, sino para exigir que el patrimonio andaluz sea de todos, que es un Bien que afecta y recorre transversalmente casi todas las Consejerías, que es un recurso fundamental en el desarrollo Andalucía, y que obliga, por encima de parcelas sectoriales, a que la coordinación presida toda la acción administrativa, provincial y autonómica.
Las fechas de mayo de 2004 para la gran ampliación de la Unión Europea, de 2005 para el mercado laboral único, de 2010 para el espacio europeo de enseñanza superior, de 2016 para la capitalidad cultural, son referentes que nadie debe descuidar, pero hay que advertir ya que el proceso de convergencia será muy difícil.
