Los arrestados falsificaban la documentación para cobrar subvenciones de fincas inexistentes y explotaciones de olivar improductivas
- La investigación continúa abierta
EL DÍA / S. C..www.eldiadecordoba.com
Tres olivareros cordobeses han sido detenidos en la operación Oliva de la Guardia Civil por su presunta relación con un fraude de más de un millón de euros a las subvenciones comunitarias a la producción de aceite de oliva. Esta operación se ha saldado con la detención de otras ocho personas más, también oleicultores, de Sevilla, Granada y Jaén, que se dedicaban a falsificar la documentación para cobrar estas subvenciones, así como con el cierre de una almazara en la provincia de Jaén desde donde los implicados tramitaban la documentación.
Los detenidos cobraron estas subvenciones por la producción ficticia de cerca de cinco millones de kilos de aceituna. La documentación supuestamente falsificada hacía referencia a olivos improductivos y fincas inexistentes.
La operación Oliva fue iniciada en 1999 en Andalucía y otras provincias del territorio nacional para controlar las irregularidades en las ayudas que recibía el sector. Las pesquisas se centraron en una almazara situada en la localidad jiennense de Mancha Real, donde se expedían los certificados fraudulentos sobre la producción de aceituna. Sin embargo, y según informó el Instituto Armado, esta almazara ya se intervino en junio de 2000, fecha en la que fueron detenidos los miembros de su órgano directivo tras detectarse graves irregularidades en el cobro de estas subvenciones.
Los arrestados en Córdoba responden a las iniciales de P. J. P., de 33 años, en La Rambla; G. M. J., de 73, en Córdoba; y A. G. C., de 35, en Villa del Río. Con estas 11 detenciones, son 87 personas las implicadas en este fraude, entre almazareros y oleicultores. Las investigaciones revelan que estas actuaciones ilícitas han supuesto un fraude en la molturación de más de 71 millones de kilos de aceituna y la producción de más de 14 millones kilos de aceite fraudulento. El negocio realizado sin cobertura legal aparente asciende a 18 millones de euros.
Los detenidos se ponían en contacto con la almazara clausurada de Jaén y le proponían participar en el cobro fraudulento de las ayudas comunitarias, a cambio de una compensación económica para el administrador por firmar la entrega ficticia de partidas de aceitunas. El requisito imprescindible que necesitaban era un certificado de entrada y molturación de aceitunas que era emitido por la propia almazara. Las pesquisas demostraron que algunas de las fincas que figuraban como destinadas a la producción de aceitunas estaban destinadas en realidad a la práctica de la caza, mientras que otras estaban abandonadas e improductivas.
En otras ocasiones, declaraban una producción por encima de los parámetros establecidos por la UE en la zona donde se encontraba la extensión aceitunera declarada. Además, crearon una sociedad cuyo administrador tramitaba los expedientes de las subvenciones.
