La Guardia Civil ha concluido la segunda y última fase de la Operación Tambora, que se ha saldado con más de 100 personas imputadas
(19 Julio 2002)
I. GARCÍA / AGENCIAS. (Diario Córdoba)
SEVILLA. La Guardia Civil ha concluido la segunda y última fase de la operación denominada Tambora contra una red dedicada al expolio arqueológico, que se ha saldado en su totalidad con 102 personas imputadas y la intervención de más de 200.000 piezas procedentes de más de 500 yacimientos de varias comunidades autónomas, 45 de ellos de Córdoba. La operación es considerada por la Guardia Civil como la más importante llevada a cabo en España contra este tipo de delito, dado el incalculable valor histórico, artístico y científico de las piezas recuperadas.
Como se recordará, el origen de esta actuación tuvo lugar en una finca situada entre los términos municipales sevillanos de Herrera y Écija propiedad del ingeniero madrileño Ricardo Marsal, a quien se incautó un valioso conjunto de más de 200.000 piezas arqueológicas de incalculable valor histórico y crematístico, datadas entre el 3.000 a.C. y la época visigótica.
En esta segunda fase de la Operación Tambora, la Guardia Civil ha logrado intervenir otras tres mil piezas arqueológicas, de las que destacan 700 monedas de plata correspondientes a dos tesoros árabes de los siglos VIII al XIII -fueron halladas en Carmona- y la escultura romana de la Diosa Caliope, figura representativa de la poesía épica-romana, incautada en Écija.
A su vez, de la documentación hallada en la primera fase de este dispositivo se han podido identificar 530 yacimientos expoliados de los cuales 224 se encuentran en Sevilla, 93 en Jaén, 45 en Córdoba, tres en Granada, otros tantos en Málaga y Huelva y uno en Cádiz. Fuera de Andalucía, la Benemérita ha descubierto catorce en Badajoz, nueve en Cáceres, dos en Murcia y uno en Teruel.
Fruto de estas investigaciones, la Guardia Civil ha imputado a 102 personas por delitos e infracciones relacionados con el expolio de piezas arqueológicas, que fueron intervenidas con motivo de la realización de varios registros domiciliarios y en cajas de seguridad bancarias. La gran mayoría de estos infractores son piteros y personas que se han dedicado a negociar, al margen de la ley, con estos objetos arqueológicos. A algunos de ellos se les ha abierto un expediente administrativo -se limitarán a pagar una sanción- mientras que a otros se les ha puesto mediante la vía penal a disposición de la justicia. En cuanto a Ricardo Marsal, su caso sigue siendo instruido por el juez de Écija Miguel Ángel Gálvez Jiménez quien, ante el secreto del sumario, se ha negado por ahora a hacer ningún tipo de declaraciones.
La mayoría de los objetos intervenidos han quedado depositados, tal como ha informado el Seprona, en diversos museos arqueológicos de las distintas comunidades autónomas para un estudio más detallado de las piezas. La Guardia Civil recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico determina que todo bien arqueológico hallado de forma casual o previa excavación autorizada, está considerado como un bien de dominio público y debe ser entregado a la Administración.
Si bien en un inicio las actuaciones fueron lideradas por el Seprona de Sevilla, en la segunda fase han estado coordinadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al afectar no sólo a Andalucía, sino también a las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
Las pesquisas se centraron originalmente en dos cortijos de Écija, donde la Guardia Civil practicó varios registros en colaboración con un arqueólogo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. En estos registros se localizaron numerosas piezas arqueológicas, dispuestas en vitrinas y catalogadas siguiendo, según la Benemérita, “unos criterios rudimentarios y sin rigor científico”. La mayoría de estos excepcionales objetos provenían del Bajo Guadalquivir y del Valle del Genil.
La actuación de la Consejería de Cultura en el caso de la colección Marsal ha sido cuestionada. Pese a que el propio Ricardo Marsal asegurara en su día que entabló hasta el año 1998 negociaciones con responsables de la Consejería de Cultura para la posible donación de la colección, su titular, Carmen Calvo, negó tal supuesto el pasado mes de mayo en el Parlamento. Su desconocimiento “oficial” del asunto -de haberlo tenido no puso sobre aviso del mismo a las autoridades policiales y judiciales- levantó entonces ampollas, toda vez que los fondos incautados duplican los del Museo Arqueológico de Sevilla.
(19 Julio 2002)
I. GARCÍA / AGENCIAS. (Diario Córdoba)
SEVILLA. La Guardia Civil ha concluido la segunda y última fase de la operación denominada Tambora contra una red dedicada al expolio arqueológico, que se ha saldado en su totalidad con 102 personas imputadas y la intervención de más de 200.000 piezas procedentes de más de 500 yacimientos de varias comunidades autónomas, 45 de ellos de Córdoba. La operación es considerada por la Guardia Civil como la más importante llevada a cabo en España contra este tipo de delito, dado el incalculable valor histórico, artístico y científico de las piezas recuperadas.
Como se recordará, el origen de esta actuación tuvo lugar en una finca situada entre los términos municipales sevillanos de Herrera y Écija propiedad del ingeniero madrileño Ricardo Marsal, a quien se incautó un valioso conjunto de más de 200.000 piezas arqueológicas de incalculable valor histórico y crematístico, datadas entre el 3.000 a.C. y la época visigótica.
En esta segunda fase de la Operación Tambora, la Guardia Civil ha logrado intervenir otras tres mil piezas arqueológicas, de las que destacan 700 monedas de plata correspondientes a dos tesoros árabes de los siglos VIII al XIII -fueron halladas en Carmona- y la escultura romana de la Diosa Caliope, figura representativa de la poesía épica-romana, incautada en Écija.
A su vez, de la documentación hallada en la primera fase de este dispositivo se han podido identificar 530 yacimientos expoliados de los cuales 224 se encuentran en Sevilla, 93 en Jaén, 45 en Córdoba, tres en Granada, otros tantos en Málaga y Huelva y uno en Cádiz. Fuera de Andalucía, la Benemérita ha descubierto catorce en Badajoz, nueve en Cáceres, dos en Murcia y uno en Teruel.
Fruto de estas investigaciones, la Guardia Civil ha imputado a 102 personas por delitos e infracciones relacionados con el expolio de piezas arqueológicas, que fueron intervenidas con motivo de la realización de varios registros domiciliarios y en cajas de seguridad bancarias. La gran mayoría de estos infractores son piteros y personas que se han dedicado a negociar, al margen de la ley, con estos objetos arqueológicos. A algunos de ellos se les ha abierto un expediente administrativo -se limitarán a pagar una sanción- mientras que a otros se les ha puesto mediante la vía penal a disposición de la justicia. En cuanto a Ricardo Marsal, su caso sigue siendo instruido por el juez de Écija Miguel Ángel Gálvez Jiménez quien, ante el secreto del sumario, se ha negado por ahora a hacer ningún tipo de declaraciones.
La mayoría de los objetos intervenidos han quedado depositados, tal como ha informado el Seprona, en diversos museos arqueológicos de las distintas comunidades autónomas para un estudio más detallado de las piezas. La Guardia Civil recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico determina que todo bien arqueológico hallado de forma casual o previa excavación autorizada, está considerado como un bien de dominio público y debe ser entregado a la Administración.
Si bien en un inicio las actuaciones fueron lideradas por el Seprona de Sevilla, en la segunda fase han estado coordinadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al afectar no sólo a Andalucía, sino también a las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
Las pesquisas se centraron originalmente en dos cortijos de Écija, donde la Guardia Civil practicó varios registros en colaboración con un arqueólogo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. En estos registros se localizaron numerosas piezas arqueológicas, dispuestas en vitrinas y catalogadas siguiendo, según la Benemérita, “unos criterios rudimentarios y sin rigor científico”. La mayoría de estos excepcionales objetos provenían del Bajo Guadalquivir y del Valle del Genil.
La actuación de la Consejería de Cultura en el caso de la colección Marsal ha sido cuestionada. Pese a que el propio Ricardo Marsal asegurara en su día que entabló hasta el año 1998 negociaciones con responsables de la Consejería de Cultura para la posible donación de la colección, su titular, Carmen Calvo, negó tal supuesto el pasado mes de mayo en el Parlamento. Su desconocimiento “oficial” del asunto -de haberlo tenido no puso sobre aviso del mismo a las autoridades policiales y judiciales- levantó entonces ampollas, toda vez que los fondos incautados duplican los del Museo Arqueológico de Sevilla.
