POR ANDRÉS ORGAZ
VILLA DEL RÍO. Hay temas que sólo tienen solución en un lugar: el juzgado. Allí se esclarecerán las acusaciones de una vecina de Villa del Río contra los dueños de la discoteca que hay bajo su casa, para quienes el fiscal solicita cuatro años de prisión por producir en su vecina un trastorno de ansiedad y cefalea por doblar el volumen permitido de la música. Cada uno da su versión. Todo comenzó en torno al año 2000, cuando una joven pareja adquirió un inmueble en la avenida de Andalucía situado pared con pared con «Aquarium», la discoteca. Aquí comienza la fiesta. Los primeros años, la familia denunciante «trabajaba en la discoteca: ella limpiaba y su marido y el hermano de su esposo estaban en la barra», aseguran los dueños del local. Todo parecía ir bien entre las dos familias. Tres años después, la amistad se tuerce. «Todo viene porque dejaron de trabajar para nosotros y les fue mal la discoteca que su cuñado instaló», asegura Mercedes Valenzuela, portavoz de Mercedes Doblado y Fermín Valenzuela, madre e hijo, y dueños de la discoteca. Sin embargo, tanto María Josefa García como su marido, Manuel Navas, aseguran que las denuncias comenzaron porque «era imposible descansar». Ella se levantaba a las cinco de la mañana para trabajar, y él, camionero, «estaba fuera todo el tiempo y el fin de semana no podía dormir», asegura su esposa. El ruido era tan fuerte que María José empezó a tener «trastornos de ansiedad y cefalea», tal y como recoge el fiscal en su escrito. Ante esta disputa se efectuaron varios estudios por el servicio técnico de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, que dictaminó que había un nivel de emisión de 78 decibelios, superando los máximos diurnos de 35 y nocturnos de 33 legalmente permitidos. Esto provocó el cierre de la discoteca. Aunque de nuevo abrió, sin subsanar el exceso de ruido que ratificaron otros controles. Incluso los trabajos para la insonorización del negocio provocaron grietas en la casa de los afectados, según indican estos. Ahora, el Ministerio Fical les pide cárcel, aunque esto no convence ni a unos ni a otros. La denunciante asegura que «no queremos que vayan a la cárcel pero la indemnización es ridícula -les piden 6.000 euros-, nos hemos gastado más en juicios y abogados». Tampoco a Mercedes Valenzuela, que se refiere a la calificación del fiscal como una «barbaridad». En cualquier caso, y para añadir más tensión al asunto, ambas partes deberán esperar algún tiempo más para poner fin a todo. Así lo comunicó ayer a las partes el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, que ha suspendido la vista oral de la causa, prevista para el próximo lunes y martes.
(ABC. es)
VILLA DEL RÍO. Hay temas que sólo tienen solución en un lugar: el juzgado. Allí se esclarecerán las acusaciones de una vecina de Villa del Río contra los dueños de la discoteca que hay bajo su casa, para quienes el fiscal solicita cuatro años de prisión por producir en su vecina un trastorno de ansiedad y cefalea por doblar el volumen permitido de la música. Cada uno da su versión. Todo comenzó en torno al año 2000, cuando una joven pareja adquirió un inmueble en la avenida de Andalucía situado pared con pared con «Aquarium», la discoteca. Aquí comienza la fiesta. Los primeros años, la familia denunciante «trabajaba en la discoteca: ella limpiaba y su marido y el hermano de su esposo estaban en la barra», aseguran los dueños del local. Todo parecía ir bien entre las dos familias. Tres años después, la amistad se tuerce. «Todo viene porque dejaron de trabajar para nosotros y les fue mal la discoteca que su cuñado instaló», asegura Mercedes Valenzuela, portavoz de Mercedes Doblado y Fermín Valenzuela, madre e hijo, y dueños de la discoteca. Sin embargo, tanto María Josefa García como su marido, Manuel Navas, aseguran que las denuncias comenzaron porque «era imposible descansar». Ella se levantaba a las cinco de la mañana para trabajar, y él, camionero, «estaba fuera todo el tiempo y el fin de semana no podía dormir», asegura su esposa. El ruido era tan fuerte que María José empezó a tener «trastornos de ansiedad y cefalea», tal y como recoge el fiscal en su escrito. Ante esta disputa se efectuaron varios estudios por el servicio técnico de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, que dictaminó que había un nivel de emisión de 78 decibelios, superando los máximos diurnos de 35 y nocturnos de 33 legalmente permitidos. Esto provocó el cierre de la discoteca. Aunque de nuevo abrió, sin subsanar el exceso de ruido que ratificaron otros controles. Incluso los trabajos para la insonorización del negocio provocaron grietas en la casa de los afectados, según indican estos. Ahora, el Ministerio Fical les pide cárcel, aunque esto no convence ni a unos ni a otros. La denunciante asegura que «no queremos que vayan a la cárcel pero la indemnización es ridícula -les piden 6.000 euros-, nos hemos gastado más en juicios y abogados». Tampoco a Mercedes Valenzuela, que se refiere a la calificación del fiscal como una «barbaridad». En cualquier caso, y para añadir más tensión al asunto, ambas partes deberán esperar algún tiempo más para poner fin a todo. Así lo comunicó ayer a las partes el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, que ha suspendido la vista oral de la causa, prevista para el próximo lunes y martes.
(ABC. es)
