A. O. S. http://www.abc.es/
BUJALANCE. El Ministerio del Interior ha rechazado la petición del
Consejo de Alcaldes del Alto Guadalquivir de instalar en Bujalance un
puesto principal de la Guardia Civil «por no estar previsto», según
adelantó ayer el presidente de la Mancomunidad, Francisco Javier López
Casado.
La demanda fue realizada después que José Reyes González perdiera la
vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una reyerta en el
barrio Santiago de Bujalance el pasado día 8 de noviembre, muriendo
quince días más tarde.
Tras los hechos, que se saldaron con la detención de R.H.C., como
presunto autor del disparo, fueron muchos los que demandaron que se
aumentaran los efectivos de la zona.
En este sentido, el delegado en Córdoba de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), Alfonso Carrasco, apuntó que, pese a la
profesionalidad de los efectivos de la Benemérita destinados en el
puesto bujalanceño, «hay mucha delincuencia y se hace necesario que la
Guardia Civil cuente en la localidad con una estructura de puesto
principal, igual que municipios como Baena, Puente Genil o Palma del
Río».
Además, denunció que «el partido judicial de Montoro, en el que se
inscribe Bujalance, no tiene montado un grupo de la Policía Judicial
de la Guardia Civil».
El propio alcalde de Bujalance, el socialista Rafael Cañete, insiste
en que la petición realizada «es necesaria, dada la situación especial
de nuestro pueblo».
El municipio cuenta con un «currículum» delictivo destacado. Desde
diciembre de 2007 se han producido varios tiroteos y palizas entre
vecinos, provocando heridos, como L.L.G., bujalanceño de 42 años;
B.O.R. de 27 años, que sufrió una brutal paliza, igual que F.S.M. que
permaneció varias semanas postrado en la cama a causa de las lesiones.
La lista continúa con sucesos como el robo en la joyería La Milagrosa,
de la que se llevaron piezas por valor de 83.000 euros; detenciones
por un delito de hurto de tonelada y media de aceituna en la finca
Cabeza de Ciervo o el enfrentamiento entre siete menores de edad, que
obligó a los padres a solicitar protección al subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Jesús María Ruiz. Éste ya anticipó que, con toda
probabilidad, no se instalaría el Puesto Principal de la Guardia
Civil.
