06/10/2003
El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha firmado sendos convenios de colaboración con cinco ayuntamientos cordobeses para transferirles las competencias sancionadoras en la venta de alcohol a menores.
En concreto, los Ayuntamientos de Belalcázar, Fernán-Núñez, Montoro, Rute y Villa del Río, asumirán, a partir de ahora, los procedimientos sancionadores por las infracciones leves y graves que se cometan en este ámbito en su término municipal.
Según Pérez Saldaña, hasta el momento "más de 50 municipios de toda Andalucía han firmado convenios con la Consejería para asumir las competenciassancionadoras".
El titular de la Consejería ha resaltado que era necesaria la puesta en marcha de una norma que prohibiese la venta de alcohol a menores para "poner un límite a su acelerado consumo", un hecho que, según su criterio, "genera un tipo de problemas que se plantean en el ámbito municipal, motivo por el cual se precisa la participación de las autoridades locales".
Según el Decreto 167/2000 por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Prevención y Asistencia de Drogas, los ayuntamientos procederán a la recaudación de las sanciones económicas que impongan en el ejercicio de sus competencias delegadas, destinándolas a la financiación de las actuaciones que desarrollen dentro del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha firmado sendos convenios de colaboración con cinco ayuntamientos cordobeses para transferirles las competencias sancionadoras en la venta de alcohol a menores.
En concreto, los Ayuntamientos de Belalcázar, Fernán-Núñez, Montoro, Rute y Villa del Río, asumirán, a partir de ahora, los procedimientos sancionadores por las infracciones leves y graves que se cometan en este ámbito en su término municipal.
Según Pérez Saldaña, hasta el momento "más de 50 municipios de toda Andalucía han firmado convenios con la Consejería para asumir las competenciassancionadoras".
El titular de la Consejería ha resaltado que era necesaria la puesta en marcha de una norma que prohibiese la venta de alcohol a menores para "poner un límite a su acelerado consumo", un hecho que, según su criterio, "genera un tipo de problemas que se plantean en el ámbito municipal, motivo por el cual se precisa la participación de las autoridades locales".
Según el Decreto 167/2000 por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Prevención y Asistencia de Drogas, los ayuntamientos procederán a la recaudación de las sanciones económicas que impongan en el ejercicio de sus competencias delegadas, destinándolas a la financiación de las actuaciones que desarrollen dentro del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
