3 de octubre de 2003
Córdoba.-
El delegado de Asuntos Sociales de la Junta en Córdoba, Manuel Sánchez, firmó hoy cinco convenios con los alcaldes de otros tantos municipios cordobeses, mediante los cuales los ayuntamientos de Belálcazar, Fernán Núñez, Montoro, Rute y Villa del Río, asumirán la competencia de la Junta para sancionar la venta de alcohol a menores.
En rueda de prensa, Sánchez, que suscribió dichos convenios por delegación del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, que no pudo acudir al acto de hoy como estaba previsto, explicó que dichos municipios son los primeros de la provincia a los que la Junta deriva dicha competencia, enmanada de la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.
El delegado de Asuntos Sociales recordó que, entre las medidas que recoge dicha ley se establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas en zonas en torno a vías de comunicación, que se vendieran entre las 22.00 y las 8.00 horas en establecimientos que no fueran del sector hostelero y la posibilidad de delegar las competencias en los ayuntamientos que lo quisieran.
De esta forma, los ayuntamientos que firmaron hoy los citados convenios tienen ya competencias para instruir y sancionar todos los aspectos relacionados con la mencionada ley, especificándose en los convenios que la recaudación que obtengan, fruto de las sanciones que impongan, revertirá en los propios ayuntamientos, para destinarla a actividades relacionadas con la prevención, en el campo de las drogodependencias y adicciones, o a cualquier otra de las establecidas en el Plan Andaluz de Drogodependencias y Adicciones.
En los convenios, según detalló Sánchez, se prevén ayudas económicas para los ayuntamientos, por parte de la Junta, para hacer frente a los gastos que les supondrá asumir las nuevas competencias, con potestad para instruir expedientes y resolverlos, en base a las denuncias que, desde su función
de control, seguirán ejerciendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
Por lo que respecta a los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía en la provincia cordobesa, desde la aplicación de la mencionada ley en 2002, el delegado de Asuntos Sociales detalló que fueron un total de 53, en su mayoría instruidos a partir de denuncias realizadas por agentes de la autoridad, aunque también se instruyeron algunos, fruto de inspecciones de la propia Junta.
Córdoba.-
El delegado de Asuntos Sociales de la Junta en Córdoba, Manuel Sánchez, firmó hoy cinco convenios con los alcaldes de otros tantos municipios cordobeses, mediante los cuales los ayuntamientos de Belálcazar, Fernán Núñez, Montoro, Rute y Villa del Río, asumirán la competencia de la Junta para sancionar la venta de alcohol a menores.
En rueda de prensa, Sánchez, que suscribió dichos convenios por delegación del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, que no pudo acudir al acto de hoy como estaba previsto, explicó que dichos municipios son los primeros de la provincia a los que la Junta deriva dicha competencia, enmanada de la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.
El delegado de Asuntos Sociales recordó que, entre las medidas que recoge dicha ley se establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas en zonas en torno a vías de comunicación, que se vendieran entre las 22.00 y las 8.00 horas en establecimientos que no fueran del sector hostelero y la posibilidad de delegar las competencias en los ayuntamientos que lo quisieran.
De esta forma, los ayuntamientos que firmaron hoy los citados convenios tienen ya competencias para instruir y sancionar todos los aspectos relacionados con la mencionada ley, especificándose en los convenios que la recaudación que obtengan, fruto de las sanciones que impongan, revertirá en los propios ayuntamientos, para destinarla a actividades relacionadas con la prevención, en el campo de las drogodependencias y adicciones, o a cualquier otra de las establecidas en el Plan Andaluz de Drogodependencias y Adicciones.
En los convenios, según detalló Sánchez, se prevén ayudas económicas para los ayuntamientos, por parte de la Junta, para hacer frente a los gastos que les supondrá asumir las nuevas competencias, con potestad para instruir expedientes y resolverlos, en base a las denuncias que, desde su función
de control, seguirán ejerciendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
Por lo que respecta a los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía en la provincia cordobesa, desde la aplicación de la mencionada ley en 2002, el delegado de Asuntos Sociales detalló que fueron un total de 53, en su mayoría instruidos a partir de denuncias realizadas por agentes de la autoridad, aunque también se instruyeron algunos, fruto de inspecciones de la propia Junta.
