La nueva normativa que proponen los populares no garantiza el poder para la lista más votada, pero sí pone diques para evitar su arrinconamiento por las minorías
/ EL DÍA
FCO. S. ZAMBRANO / Á. ROBLES26 Agosto, 2018 - 02:33h
Sucedió en Córdoba capital y en localidades más pequeñas de la provincia como Adamuz, Palenciana, Posadas o Villa del Río. Tras las últimas elecciones municipales, en 2015, en las sesiones constituyentes de esos ayuntamientos, los concejales entregaron sus votos al candidato de la lista que no había sido ganadora con el único objetivo de que no gobernara quien sí había recibido más votos de los ciudadanos, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.
Todo era legal, cierto es, pero hay quien interpreta que estos casos supusieron una interpretación al extremo de la normativa para, al final, modificar en los despachos lo que habían votado los vecinos. Pues bien, evitar que en España se repitan casos como estos es uno de los objetivos que persigue la propuesta de reforma de la Ley Electoral que el PP ya registró formalmente en el Congreso de los Diputados a finales de julio y que será debatida a lo largo del próximo curso político en las Cortes Generales para que, si termina siendo aprobada, pueda entrar en vigor de cara a las elecciones municipales de finales de mayo de 2019.
De momento esta reforma parece haberse planteado a medio gas, sin la intención de conllevar una revolución total con respecto a la normativa ahora en vigor. Y es que el sambenito que le ha colocado de que lo que se busca es que gobierne la lista más votada es sencillamente falso. Esta propuesta de reforma no garantiza ese derecho a la candidatura que gane las elecciones pero sí levanta diques de contención para evitar que las minorías arrinconen a quien ha ganado esos comicios.
Pero tan a medio gas se ha planteado esta reforma que incluso se abre la puerta a la posibilidad de que todo siga igual e incluso que se aplique la actual Ley Electoral en aquellos municipios en los que el triunfo de una candidatura no se produzca por un margen suficientemente amplio sobre las demás listas electorales ni aún celebrándose una hipotética segunda vuelta.
La propuesta del PP registrada ya en el Congreso tiene dos piedras angulares. La primera contempla que una candidatura que ha ganado las elecciones municipales sin mayoría absoluta consiga este premio bien si obtiene el 35% de los votos y aventaja a la segunda opción en al menos cinco puntos porcentuales de diferencia o bien si logra el 30% de los votos pero distanciándose en 10 puntos de la segunda lista más votada. Si una de estas dos opciones se diera, la candidatura ganadora se haría con lo que la iniciativa planteada por el PP denomina una primademayoría, es decir, que ese partido pase a contar automáticamente con la mitad más uno de los ediles de la corporación.
Y en el caso de que estas dos opciones no se dieran en esta primera votación, se celebraría días después una segunda vuelta en la que participarían aquellas candidaturas que hubieran superado el 15% de los votos. Las listas ganadoras de esta segunda vuelta conseguirían la mayoría absoluta o prima de mayoría si alcanzan el 40% de los votos o si aventajan en siete puntos a la segunda lista.
Una extrapolación de esta hipotética reforma a los resultados electorales habidos en 2015 aporta una conclusión llamativa y es que no hubiera sido el PP la candidatura más favorecida. Y es que los populares no se habrían garantizado mantener alcaldías de tanto renombre como las de Madrid, Sevilla, Cádiz o Jerez, aunque la de Córdoba sí la gestionarían con mayoría absoluta a tenor de los resultados electorales de 2015, en las que los populares ganaron con claridad, pero el acuerdo entre PSOE, IU y Ganemos propició que la Alcaldía fuera a manos del PSOE.
En la provincia de Córdoba, 11 de los 29 municipios en los que las urnas no dieron mayorías absoluta se hubieran visto abocadas a celebrar una segunda vuelta: Bujalance, Carcabuey, Doña Mencía, Fernán Núñez, Fuente Palmera, El Carpio, El Guijo, Hinojosa del Duque, Montilla, Pozoblanco y La Rambla.
Por el contrario, los otros 18 municipios restantes sí habrían logrado estabilidad en sus gobiernos, con diez mayoría absolutas más para el PSOE (Adamuz, Benamejí, Espejo, Lucena, Obejo, Palenciana, Palma del Río, Peñarroya, Rute y Santaella), tres para el PP (Córdoba capital, Posadas y Priego de Córdoba), tres para IU (Cardeña, Castro del Río y Pedro Abad) y dos para independientes (Hornachuelos -GIH- y Villa del Río -Unide-).
Ésta es la segunda ocasión en la que el PP plantea una reforma electoral de esta índole y por ahora ya se la ha planteado a Ciudadanos, que no ha dado una negativa rotunda. El anterior intento fue en el año 2014, aunque, pese a tener entonces mayoría absoluta en el Congreso, el PP la terminó retirando al no contar con el respaldo de la mayoría de las demás formaciones políticas.
FCO. S. ZAMBRANO / Á. ROBLES26 Agosto, 2018 - 02:33h
Sucedió en Córdoba capital y en localidades más pequeñas de la provincia como Adamuz, Palenciana, Posadas o Villa del Río. Tras las últimas elecciones municipales, en 2015, en las sesiones constituyentes de esos ayuntamientos, los concejales entregaron sus votos al candidato de la lista que no había sido ganadora con el único objetivo de que no gobernara quien sí había recibido más votos de los ciudadanos, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.
Todo era legal, cierto es, pero hay quien interpreta que estos casos supusieron una interpretación al extremo de la normativa para, al final, modificar en los despachos lo que habían votado los vecinos. Pues bien, evitar que en España se repitan casos como estos es uno de los objetivos que persigue la propuesta de reforma de la Ley Electoral que el PP ya registró formalmente en el Congreso de los Diputados a finales de julio y que será debatida a lo largo del próximo curso político en las Cortes Generales para que, si termina siendo aprobada, pueda entrar en vigor de cara a las elecciones municipales de finales de mayo de 2019.
De momento esta reforma parece haberse planteado a medio gas, sin la intención de conllevar una revolución total con respecto a la normativa ahora en vigor. Y es que el sambenito que le ha colocado de que lo que se busca es que gobierne la lista más votada es sencillamente falso. Esta propuesta de reforma no garantiza ese derecho a la candidatura que gane las elecciones pero sí levanta diques de contención para evitar que las minorías arrinconen a quien ha ganado esos comicios.
Pero tan a medio gas se ha planteado esta reforma que incluso se abre la puerta a la posibilidad de que todo siga igual e incluso que se aplique la actual Ley Electoral en aquellos municipios en los que el triunfo de una candidatura no se produzca por un margen suficientemente amplio sobre las demás listas electorales ni aún celebrándose una hipotética segunda vuelta.
La propuesta del PP registrada ya en el Congreso tiene dos piedras angulares. La primera contempla que una candidatura que ha ganado las elecciones municipales sin mayoría absoluta consiga este premio bien si obtiene el 35% de los votos y aventaja a la segunda opción en al menos cinco puntos porcentuales de diferencia o bien si logra el 30% de los votos pero distanciándose en 10 puntos de la segunda lista más votada. Si una de estas dos opciones se diera, la candidatura ganadora se haría con lo que la iniciativa planteada por el PP denomina una primademayoría, es decir, que ese partido pase a contar automáticamente con la mitad más uno de los ediles de la corporación.
Y en el caso de que estas dos opciones no se dieran en esta primera votación, se celebraría días después una segunda vuelta en la que participarían aquellas candidaturas que hubieran superado el 15% de los votos. Las listas ganadoras de esta segunda vuelta conseguirían la mayoría absoluta o prima de mayoría si alcanzan el 40% de los votos o si aventajan en siete puntos a la segunda lista.
Una extrapolación de esta hipotética reforma a los resultados electorales habidos en 2015 aporta una conclusión llamativa y es que no hubiera sido el PP la candidatura más favorecida. Y es que los populares no se habrían garantizado mantener alcaldías de tanto renombre como las de Madrid, Sevilla, Cádiz o Jerez, aunque la de Córdoba sí la gestionarían con mayoría absoluta a tenor de los resultados electorales de 2015, en las que los populares ganaron con claridad, pero el acuerdo entre PSOE, IU y Ganemos propició que la Alcaldía fuera a manos del PSOE.
En la provincia de Córdoba, 11 de los 29 municipios en los que las urnas no dieron mayorías absoluta se hubieran visto abocadas a celebrar una segunda vuelta: Bujalance, Carcabuey, Doña Mencía, Fernán Núñez, Fuente Palmera, El Carpio, El Guijo, Hinojosa del Duque, Montilla, Pozoblanco y La Rambla.
Por el contrario, los otros 18 municipios restantes sí habrían logrado estabilidad en sus gobiernos, con diez mayoría absolutas más para el PSOE (Adamuz, Benamejí, Espejo, Lucena, Obejo, Palenciana, Palma del Río, Peñarroya, Rute y Santaella), tres para el PP (Córdoba capital, Posadas y Priego de Córdoba), tres para IU (Cardeña, Castro del Río y Pedro Abad) y dos para independientes (Hornachuelos -GIH- y Villa del Río -Unide-).
Ésta es la segunda ocasión en la que el PP plantea una reforma electoral de esta índole y por ahora ya se la ha planteado a Ciudadanos, que no ha dado una negativa rotunda. El anterior intento fue en el año 2014, aunque, pese a tener entonces mayoría absoluta en el Congreso, el PP la terminó retirando al no contar con el respaldo de la mayoría de las demás formaciones políticas.
