El interventor de la Diputación de Córdoba critica el coste de hasta 90 euros por comensal
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA
Día 16/12/2011
VALERIO MERINO
José Mariscal, anterior diputado de Cultura, entrega el bastón de mando a Francisco Pulido ensu investidura como presidente en 2007
Un cínico aforismo político habla de los langostinos que hay que comer para llevar los garbanzos a casa. El anterior delegado de Cultura de la Diputación Provincial y responsable de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, el socialista José Mariscal, bien podía modificarlo para decir cuántas comilonas había que meterse entre pecho y espalda para llevar las exposiciones al Palacio de la Merced y a los pueblos.
Un informe de fiscalización elaborado por el Servicio de Intervención de la institución provincial ha detectado que la Fundación Botí gastó, sólo durante el ejercicio 2010, en la época en que la Diputación estaba en manos del PSOE, una suma de 43.453 euros en opíparas comidas que se pretendieron colar como inherentes al trabajo o a la preparación de actividades culturales, aunque ahora encuentran serios reparos para ello.
El análisis de Intervención, al que ha tenido acceso ABC, detalla estos gastos en cuatro grandes partidas. Las facturas remitidas a la Diputación se justificaron como gastos de manutención con motivo de reuniones de planificación, preparación y montaje de exposiciones, además del cátering posterior a la apertura.
Así, según el informe, en un conocido y prestigioso restaurante de entre los más innovadores de la ciudad, Mariscal y su equipo se gastaron 17.810,25 euros sólo el año pasado, mientras que una prestigiosa marisquería la factura del año 2010 ascendió a 15.299,98 euros. No faltaron comidas en otro restaurante del centro de Córdoba, con un montante superior a los 6.400 euros, mientras que en otro establecimiento también de carácter innovador la Fundación Botí dejó 3.904,95 euros de fondos públicos.
El informe de Intervención General no apunta cuántos servicios ocasionaron las correspondientes facturas, pero sí hace la cuenta del importe por persona, que juzga «criticable». Asciende a cifras que están entre los 75 y los 90 euros por comensal, en un año marcado por una acuciante crisis económica que tiene un coste social que afectaba ya en Córdoba a decenas de miles de parados y con un aumento de la demanda en los comedores sociales de la ciudad.
Gastos impropios
Tan o más reprobable que este dispendio en comidas en prestigiosos restaurantes le parece a la Intervención el concepto por el que se realizan (a juzgar por el precio por persona). Las facturas se intentan hacer pasar como inherentes a la necesidad de planificar las actividades, como si para decidir cómo organizar una exposición, negociar son sus promotores y patrocinadores y planificar el montaje, fuese necesaria una comida por todo lo alto.
«No es lógico que el hecho de mantener una reunión de trabajo o de planificación de las exposiciones ocasiones gastos de manutención por sí misma», insiste el interventor, que cree que no es de recibo que las comilonas se incluyan en gastos protocolarios y representativos.
Incluso aporta una idea para el futuro: hacer las reuniones con austeridad y utilizando los recursos propios. «La Fundación cuenta con una sede en la que mantener las reuniones que sean necesarias», apostilla.
Invitados agregados
Uno de los puntos a los que se acogían los responsables de la Fundación Rafael Botí era el concepto de manutención de los comisarios o coordinadores que se encargan de la organización de las exposiciones. Y tienen derecho a ello, apunta, pero esto no implica «que se deba invitar también al resto de personas que hayan formado parte de la reunión». Es decir, Intervención General rechaza de plano la idea de que cualquier actividad que precise reuniones preparatorias de trabajo tenga que coronarse necesariamente con una comida a costa del erario público e invita a hacerlo en la propia sede sin más necesidad de gasto. Sí admite, en cambio, las copas que se realizan después de la apertura de las exposiciones, porque estas sí son «atención protocolaria». Este concepto es, apunta el informe de Intervención General, bastante impreciso.
